Por: David Torres, periodista en zona de alto riesgo
Bucaramanga / Sur de Bolívar — La reapertura de la carrera 21 en Bucaramanga trae alivio a la movilidad, sí. Pero también deja al descubierto una costumbre que lastima a todo el país: el despilfarro, la improvisación y la terquedad de alcaldes que construyen sin planear, y destruyen sin consultar.
No es un caso aislado. Es una enfermedad que recorre los pueblos de Colombia. En Simití, el alcalde Wilman Quintana, con el apoyo de dos simiteños, demolió el Jardín Infantil Capullito, un espacio activo que podía convertirse en un Centro de Desarrollo Infantil, para construir una plaza de mercado que ya tenía antecedentes de no ser funcional. Se destruyó lo útil por lo innecesario.
En Arjona, la historia se repitió: una fuente pública fue derribada para levantar otra igual, simplemente para borrar la obra del alcalde anterior. Construir y destruir no es progreso: es desperdicio del dinero de todos.
Mejoró el tránsito en la carrera 21, y los bumangueses celebran que por fin puedan circular. Pero la verdadera pregunta sigue en pie: ¿quién paga los errores de quienes nos gobiernan? La justicia debe actuar, porque no es aceptable que la imprudencia de unos cueste el bolsillo y el futuro de todos.
Mientras la corrupción encuentre perdón, seguiremos construyendo sobre ruinas que nosotros mismos pagamos.
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