El CNE tumba 1.900 cédulas por Trasteo de Votos en el Sur de Bolívar
Por: David Torres, Periodista en Zona de Alto Riesgo.
El Consejo Nacional Electoral dejó sin efectos la inscripción irregular de 1.900 cédulas, en el Sur de Bolívar. Los Municipios afectados son Santa Rosa del Sur, San Pablo, Cantagallo, Simití y Arenal del sur. Morales todavía no aparece, pero se conoció por las comunidades cercanas a Simití que una gran parte de la población veredal se movilizó a inscribir su cédula en el vecino municipio.
La organización Electoral cruzó las bases de datos del SISBEN, ADRES, DPS, IGAC, ANSPE, y determinó la no residencia electoral de los inscritos. En el mismo sentido revisó la inscripción histórica desde el año 2019 y del año pasado 2022 para las elecciones de Cámara de Paz.
La investigación de Trashumancia o traslado irregular de cédulas de un municipio a otro inició el año pasado por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral.
El órgano electoral anunció que dará traslado de las investigaciones a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación.
También aclaró el CNE que El fraude en inscripción de cédulas, delito conocido como trashumancia electoral o trasteo de votos, se configura cuando por medios indebidos se desplazan e inscriban ciudadanos habilitados para a votar en lugar diferente al que residen, con el fin de obtener ventajas ilegitimas de diversa índole en el proceso electoral.
La autoridad electoral de los colombianos explicó que del trasteo de votos también pueden concurrir otras conductas delictivas como el falso testimonio, falsedad documental, fraude procesal, la compra de votos, corrupción al sufragante, las cuales derivan en un eventual concurso de delitos contra el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, pero en todo caso, materia de conocimiento de la jurisdicción penal, en tanto que la comisión de delitos en los procesos electorales compone una agresión concreta contra la democracia.
Las sanciones se dirigen hacia los ciudadanos, los partidos políticos y los funcionarios que permitieron cometer el delito o la falta, penas que podrían estar entre 4 y 9 años de prisión.
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