El exalcalde de Simití, Ivo José Guerrero, podría haber incurrido en un delito.

Exalcalde de Simití, Ivo José Guerrero Torres, podría haber incurrido presuntamente en el delito de Lesa humanidad por haber cortado hace 8 días, el tubo de distribución de agua potable hacia la vereda El Silencio, jurisdicción del municipio de Simití, Bolívar, donde perjudica no solo a la población que dejó sin el servicio público, sino a los niños y niñas que se educan en la escuela rural de la comunidad del Silencio.

Como un atentado o delito gravísimo, señalaron los habitantes rurales, ya que nadie tiene la potestad divina de cercenar del servicio del líquido de agua potable, que da vida a los seres humanos.

Según los denunciantes, tapó con concreto rígido una tubería de la empresa Coaguasim que es indispensable para surtir de agua a los pobladores de la cabecera municipal. Según las autoridades, Ivo José Guerrero, está pidiendo 40 millones de pesos, por el servicio de servidumbre.

El no culminar las etapas de un proceso judicial se puede alegar ante un juez, y él exmandatario, Ivo José, tenía conocimiento que, por encima de sus intereses personales, están los intereses colectivos, comunitarios o generales, como es proveer del líquido preciado a un pueblo, donde ninguno particular, grupo armado, delincuente o mandatario, puede cercenar del servicio del agua que es vital incluso para la vida misma.

Según funcionarios, “Hace 8 años que pasa la tubería y ahora es que necesita los recursos, perjudica a toda una comunidad y sin entender la imprudencia que cometió y desconociendo el camino real. Además, según la empresa, hizo un fraude al poner un medidor para robar agua y no pagar.

EL ORIGINAL ahondo en el tema y es tan peligros que existen artículos vigentes de servidumbres en el 2024; pero reconociendo la antigüedad del acueducto que corresponde a la década de los años 50 y la propiedad del terreno, cuando Zeferino Guerrero, vigilaba la bocatoma del acueducto de Simití.

También el gobierno local, a través de un proyecto de Acuerdo municipios, puede convertir el predio en interés social y colectivo y prohibir su venta.