Mediante amenazas e intimidación, lograron instrumentalizar a cerca de 200 personas. Lo hicieron con miembros encubiertos del grupo criminal, vestidos de civil para ocultarse entre la comunidad, crear confusión y bloquear la acción legítima del Estado en el Cañón del Micay.

Esto no es solo un secuestro. Es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia.

Desde ayer contactamos a la Defensoría del Pueblo, Personería y MAPP OEA para que intermedien y liberen a nuestros secuestrados. Esperamos que las personas que tienen secuestrados a nuestros militares atiendan a estas organizaciones y liberen inmediatamente a nuestros uniformados.

Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado.

A nuestras tropas: todo el respaldo de Colombia. A sus familias: no están solas. A la comunidad internacional: unámonos en una sola voz para rechazar este ataque. Aquí no solo están secuestrando a militares, están violando sus derechos humanos y están atacando la institucionalidad estatal.