Por una sanción de la Superintendencia de Transporte, bajó el valor del cruce del ferry que conecta al municipio de Gamarra, Cesar, con Puerto Bolívar, jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar; el costo del tiquete quedó en 5 mil pesos y si usted va ida y vuelta y compra los dos tiquetes, le rebajan mil pesos, sale pagando por ida y vuelta, 9 mil pesos; esto quiere decir que ganó la comunidad y mejoró la competitividad.

Esto se debe a una denuncia interpuesta por miembros de la comunidad contra la empresa, AGROMOL y SERFLUSUR, por NO cobrar lo legal el transbordo. Después que tuvieron que pagar la elevada multa, la empresa legal de los ferry, equilibró el costo y mejoró el servicio de los planchones que mantienen la movilidad con el sur de Bolívar.

Muchos ganaderos, agricultores, pescadores y comerciantes, igual que los conductores del sur de Bolívar, se quejan de los elevadísimos costos del valor del cruce, como es en la vía de Piedracandela (Simití) el ferri, que comunican a Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del sur, con Morales, Bolívar, donde una empresa sin legalidad está cobrando exageradamente el valor del cruce de los automóviles y adicional en la vía hay un peaje, convirtiendo la vía en la más costosa la región.

Según Constantino Rodríguez Badillo, no solamente pueden estar pagando cárcel estos señores, por cobrar exageradamente alto, sino que de “ñapa”, ordeñan a los transportadores con un peaje clandestino y no permiten la competencia; él se pregunta ¿A dónde va a parar los dineros?, ya que no pagan impuesto; estos dueños de los ferris del río Simití, podrían sufrir la sanción que vivieron la empresa de ferry, sino que también están cobrado por encima de lo permitido, de lo correcto.

Mientras que los ferris que cruzan los automotores del municipio de Cantagallo, Bolívar a Puerto Wilches, Santander, donde estos señores o propietarios, continúan exprimiendo a los dueños de automotores, comerciantes con un valor de 30 mil pesos, en un trayecto de tres kilómetros; elevando así, el costo de la canasta familiar y afectando el bolcillo de la población en general.

De igual está el ferri de Morales a Moralitos, cuarenta mil, un costo que hace que el flujo vehicular no sea permanente, sino por física necesidad.

Se está estudiando la posibilidad de hacer una investigación del caso y denunciar en Bogotá a las dos empresas usureras; la de Piedracandela en Simití y a los dueños de planchones de los ferris en Cantagallo, San Pablo y Puerto Wilches, por abusar del precio y robarle a la comunidad.

Según Leonardo Caña Díaz, se están enriqueciendo unos cuantos, a costa de los más pobres, haciendo incrementar todo; según algunos conductores, hay que regular por parte de las alcaldías, el valor del cruce de los ríos y colocarlos estándar para todos, basado en la tasa estipulada por el Ministerio de Transporte o, sino que intervenga el ejército coloque gratuitamente un ferry, para acabar con los usureros.