“El esfuerzo militar y policial no es suficiente para acabar con la economía ilícita” Juliana Coronado Neira.
En medio de un debate de control político citado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes, para indagar al Gobierno Nacional sobre la política de tratamiento frente a la minería artesanal y de pequeña escala, la Viceministra para las Políticas de Defensa (E), Juliana Coronado Neira, reveló que los esfuerzos de la Fuerza Pública por perseguir las economías ilícitas de las organizaciones delictivas dedicadas a la extracción de minerales, cuentan con una focalización operativa gracias al desarrollo de un nuevo y moderno Sistema de Monitoreo._
“El sistema de monitoreo en tiempo real y permanente nos ha permitido ejercer lógicas de prevención mucho más fuertes (…) a través de una articulación con los otros sectores de Gobierno, como los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, porque esto no se trata solamente de destruir maquinaria sino de buscar dónde están los insumos, por dónde está entrando y transitando la maquinaria antes de que llegue al lugar de extracción ilícita” detalló la alta funcionaria.
En este mismo sentido, la Viceministra Coronado Neira, advirtió que en cumplimiento a la Sentencia T 622 de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional ha creado el ‘Protocolo de áreas liberadas’ con el que se pretende que una vez haya ingresado la acción operativa del Estado en las áreas de extracción ilícita, se active una transformación y recuperación del territorio en lógicas ambientales y sociales.
Este debate de control político sirvió para que se diera a conocer que, a través de una Circular Ministerial, se orientó a las Fuerzas Militares y de Policía para aplicar el principio de diferenciación sobre los pequeños mineros, priorizando la incautación sobre la destrucción; un documento que al igual que el ‘Protocolo de Derechos Humanos para las Fuerzas’, el cuál se encuentra aún en construcción junto con la Mesa Minera Nacional, busca la protección de los pequeños mineros y el cumplimiento del debido proceso ante eventuales intervenciones de la Fuerza Pública.
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