La Dirección Territorial Magdalena Medio de la URT realizó el primer COLR de 2025 en Santa Rosa del Sur.
En el comité se priorizaron los municipios de Cantagallo, San Pablo y Simití para realizar barridos territoriales en los casos de restitución. Además, se trazaron rutas de articulación y se evaluaron las condiciones de seguridad para avanzar con garantías.
Durante la jornada se estableció la necesidad de consolidar esfuerzos en estas zonas priorizadas. “Básicamente nos vamos a concentrar en ingresar y hacer un barrido de todos los casos de restitución que hasta la fecha hemos recibido, tanto en la solicitud como en adelantar el trámite administrativo”, explicó Figueroa.
El comité permitió trazar estrategias que acelerarán las labores de restitución en estas zonas, garantizando respuestas más eficaces a las víctimas de despojo y/o abandono forzado. Además, se proyectaron nuevas acciones de presencia institucional que permitirán fortalecer la confianza de las comunidades.
Zonas suspendidas
En el COLR también se conversó sobre la situación de seguridad en otros municipios del sur de Bolívar. Se concluyó que, por el momento, varios territorios no priorizados deberán ser suspendidos hasta que se logren los factores adecuados para el desarrollo de los procesos.
“Hemos revisado las condiciones de seguridad en la región. Por ahora, varias serán suspendidas y esperamos en el segundo semestre del año que podamos mejorar esas condiciones, con el objetivo de poder ampliar la restitución de tierras”, agregó el director territorial.
Las veredas donde no se podrá microfocalizar para continuar con el proceso de restitución son: La Palua, La Victoria, Yanacué, el Cagüí y los Cedros, ubicadas en el municipio de Cantagallo.
Asimismo, en Regidor se suspenden los corregimientos Centro Poblado, La Victoria, Los Caimanes, San Antonio y Santa Teresa. También los municipios de Arenal, Norosí, Montecristo, Morales, San Jacinto del Cauca, Río Viejo y Tiquisio.
El encuentro contó con la participación de los procuradores delegados para la restitución de tierras y de la Defensoría del Pueblo, instituciones que fortalecen el proceso con una mirada que genera garantías a las víctimas. Esta articulación es clave para lograr una reparación efectiva, integral y segura en la región.
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