– ⁠Alias ‘Miller’ es el cabecilla de la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias.

Tras el asesinato de siete uniformados en un ataque ocurrido en la madrugada de este lunes 28 de abril en zona rural de San José del Guaviare, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lideró una reunión de seguridad en este municipio, acompañado de la Cúpula Militar y de Policía y las autoridades locales. El objetivo fue analizar el contexto crítico de seguridad y establecer acciones inmediatas para estabilizar el control territorial.

“Aquí está absolutamente todo el Estado colombiano. La Fuerza Pública está desplegada con determinación para garantizar la seguridad de los ciudadanos y enfrentar a los grupos criminales que buscan sembrar el terror”, afirmó el Ministro.

Allí anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de alias ‘Miller’ cabecilla de la estructura Jhon Linares del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias y quien sería el responsable directo del ataque terrorista en donde fueron asesinados 7 militares.

‘Miller’, es un exfirmante del Acuerdo de Paz, sobre el recaen varias órdenes de captura por diferentes delitos y podría enfrentar una condena de hasta 37 años de prisión por el crimen de los miembros del Ejército Nacional.

El jefe de la cartera de Defensa condenó enérgicamente el asesinato de los uniformados, quienes prestaban seguridad en un Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) desde los acuerdos de paz firmados en 2016. “Protegían la vida de los colombianos. Rechazamos este vil crimen y expresamos nuestras condolencias a sus familias. La gratitud de la patria nunca será suficiente frente a su irreparable ausencia”, señaló.

El Ministro advirtió que la situación de orden público en la región se da tras la ruptura entre los grupos armados organizados, cuyos cabecillas alias Iván Mordisco y alias Calarcá, quienes antes delinquían juntos pero ahora se enfrentan por el control ilegal de territorio, incrementando los homicidios, la extorsión y el reclutamiento forzado de menores, afectando de manera directa a la población civil, en especial a comunidades indígenas.

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional ha enviado una comisión evaluadora para analizar lo ocurrido, establecer responsabilidades, con el objetivo de contar con elementos que faciliten y permitan la toma de decisiones.