Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que las mujeres rurales de América Latina y el Caribe siguen enfrentando barreras estructurales en el acceso a la tierra, los recursos productivos y la toma de decisiones, y llama a hacer cambios en los sistemas agroalimentarios con un enfoque de género transformador.

• Las mujeres representan el 36 % de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe, y el 71 % de ellas trabaja en sectores no agrícolas como procesamiento de alimentos, comercialización y ventas.

• De las políticas agrarias analizadas de 15 países, solo el 26 % incluye la igualdad de género como un objetivo explícito.

• El crecimiento de productos agrícolas de alto valor agregado y de exportaciones no tradicionales ha coincidido también con un aumento del empleo asalariado femenino en la región. Por ejemplo, en Colombia las mujeres constituyen al menos el 50 % de la fuerza laboral en la horticultura y la fruticultura en Colombia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el informe, “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: Un enfoque regional para América Latina y el Caribe”, que analiza la participación de las mujeres en la producción rural, documenta las brechas persistentes en el empleo, acceso a recursos y representación, y entrega recomendaciones para acelerar el empoderamiento de las mujeres rurales en la región.

Esta edición regional actualiza y profundiza el análisis presentado por la FAO en 2023 a nivel global, con datos y evidencias sobre la participación, desafíos y contribuciones de las mujeres rurales, indígenas, jóvenes y afrodescendientes en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe.

El informe identifica barreras persistentes en el acceso a tierra, agua, propiedad del ganado, financiamiento, servicios de extensión y tecnologías, y propone acciones transformadoras para terminar con las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios.

Además, destaca cómo el empoderamiento de las mujeres genera múltiples beneficios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar las economías rurales, promover el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la sociedad.

Según el informe, las mujeres representan el 36 % de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe, y el 71 % de ellas trabaja en sectores no agrícolas como procesamiento de alimentos, comercialización y ventas.

Una muestra de 14 países en América Latina y el Caribe muestra que más de la mitad de los trabajadores en manufactura de alimentos (55 %) y comercio (52 %) son mujeres. Sin embargo, su presencia en actividades más lucrativas como el transporte es baja (9 %).

El reporte advierte sobre las desigualdades estructurales que condicionan la vida de las mujeres rurales. En América Latina y el Caribe son más las mujeres que sufren hambre en comparación con los hombres: la brecha de género en la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó los 9,1 puntos porcentuales en 2022, luego de haberse ampliado drásticamente durante 2021 a 11,5 puntos porcentuales, en parte, a raíz de la crisis de la COVID-19 (FAO, 2025). Asimismo, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres continúa limitando sus oportunidades de empleo y formación.

El informe destaca que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde ha aumentado la participación de las mujeres en actividades agrícolas en las últimas dos décadas. Sin embargo, este avance no se ha traducido para ellas en un mayor acceso a recursos productivos ni en representación en espacios de toma de decisiones. Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo completo, sugiriendo que su trabajo es más irregular y temporal.

“La evidencia que hoy compartimos debe ser un insumo clave para la toma de decisiones. Necesitamos políticas públicas transformadoras que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres rurales en toda su diversidad, reconozcan sus múltiples roles en la producción, comercialización y el cuidado, y aseguren su acceso igualitario a recursos, servicios y participación”, señaló Maya Takagi, Líder de Programa Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en el lanzamiento del informe.

Tras una revisión, el informe señala que solo el 26 % de las políticas agrarias analizadas incluye la igualdad de género como un objetivo explícito, y menos del 15 % aborda normas sociales discriminatorias, cambio climático o resiliencia climática. En cambio, un análisis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), muestra cómo América Latina y el Caribe fue la región con la mayor integración del enfoque de género, lo que representa una oportunidad para avanzar en políticas más inclusivas.

Entre las recomendaciones clave que plantea el informe se encuentran la promoción de reformas legales para garantizar la propiedad conjunta de tierras, el diseño de políticas, programas e inversiones con enfoques de género transformadores, y la mejora del acceso a tecnologías, capacitación y servicios financieros. También se destaca el fortalecimiento de la acción colectiva como herramienta para ampliar el poder de negociación y la resiliencia de las mujeres frente a crisis y perturbaciones.

Algunos datos sobre las mujeres rurales en Colombia, según el informe

• El crecimiento de productos agrícolas de alto valor agregado y de exportaciones no tradicionales ha coincidido también con un aumento del empleo asalariado femenino en la región. Por ejemplo, en Colombia las mujeres constituyen al menos el 50 % de la fuerza laboral en la horticultura y la fruticultura en Colombia. Sin embargo, en industrias de agricultura de alto valor y de exportaciones no tradicionales, las mujeres suelen ocupar puestos poco cualificados, frecuentemente justificados por percepciones sobre la meticulosidad, destreza y minuciosidad de las mujeres; el sector floricultor de Colombia emplea a un 65 % de mujeres en tareas de producción y empaque (CEPAL, 2023).

• A nivel global, la aceptación de diferentes normas sociales varía por países. Las normas relativas a la violencia de género (en concreto, si se debe tolerar el maltrato a la mujer) por ejemplo, presenta un apoyo muy minoritario en países como la República Dominicana y Colombia (Figura 26), mientras que algunas normas relacionadas con el trabajo asalariado de las mujeres (en concreto, si los niños sufren cuando las mujeres trabajan), tiene un mayor apoyo en países como Brasil, el Ecuador, México, Colombia y el Perú. La tolerancia a esta última norma social aumentó considerablemente en México, Colombia y el Perú durante 2006–2013 y 2013–2019, y solo disminuyó ligeramente en Brasil y el Ecuador.

• Estudios realizados en el país muestran cómo el conflicto armado puede aumentar la participación de las mujeres en las actividades económicas y los mercados laborales (Strachan y Haider, 2015). También se evidencia que durante 1994–2014 los conflictos armados de alta intensidad aumentaron la tasa de desempleo entre 3,9 y 4,3 puntos porcentuales, con un efecto mayor en las mujeres que en los hombres, lo que probablemente refleja cambios en la dinámica doméstica de los hogares afectados por el conflicto (Pulido–Velásquez et al., 2022).

• La violencia de género se manifiesta de muchas maneras durante las crisis. Por ejemplo, en Colombia, nuevas formas de violencia de género incluyeron las amenazas contra la familia, el reclutamiento forzado, el aborto forzado o el control reproductivo, el secuestro, la violación y la trata de personas (Wirtz et al., 2014).