El desenlace del juicio disciplinario a la exalcaldesa y exsecretaria de Hacienda de Cantagallo, Bolívar tiene en el vilo a los votantes.

El desenlace del juicio disciplinario a la exalcaldesa y exsecretaria de Hacienda de Cantagallo, Bolívar tiene en el vilo a los votantes.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia a la alcaldesa de Cantagallo, Bolívar (2012-2015), Yaneth Esther Cortez Díaz, y a la entonces secretaria de Hacienda, Sandra Milena Ibáñez Galvis, por presuntas irregularidades en el pago de dineros públicos, producto de la devolución de títulos judiciales. Ahora la comunidad espera un mes, el desenlace de un capítulo más de la candidata a la alcaldía por el partido Liberal, involucras en corrupción.

Según el ministerio público es el resultado de un proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, las exfuncionarias habrían ordenado la entrega de $110.000.000 de pesos a un ciudadano, presuntamente, sin haber adicionado ni incorporado estos recursos al presupuesto mediante acuerdo debidamente aprobado por el concejo municipal, autoridad competente para ello.

Para el ente de control con este procedimiento, al parecer irregular, que iría en contra del principio de legalidad del gasto público; las investigadas podrían haber incurrido en las prohibiciones consagradas en el ordenamiento jurídico que rigen en materia presupuestal, sin justificación alguna.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja precisó que el hecho de que el municipio hubiese llegado a un acuerdo extraprocesal con el ciudadano acreedor, no legitimaba a Cortez Díaz para disponer de recursos públicos sin cumplir los requisitos establecidos, y por tanto, no podría considerarse como legal un gasto que no se habría hecho conforme a las normas presupuestales vigentes.

Con estas conductas las implicadas habrían podido contravenir el numeral 9º. del artículo 315 de la Constitución Nacional, que establece como atribución del alcalde “ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto”.

Las presuntas faltas disciplinarias fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

La audiencia se cumplió el 5 de agosto de 2019 a las 2:00 de la tarde en la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja.

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