CICR insta a las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil en Colombia El deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó
Su punto más crítico en los últimos ocho años, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar el informe Retos Humanitarios 2025. La intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del derecho internacional humanitario aumentaron de manera alarmante los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas.
“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia. “La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no debería suceder”.
En 2024, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), reflejo de la creciente falta de respeto a las normas que protegen a la población civil y a quienes han quedado fuera de los enfrentamientos. El 44 % de estas violaciones estuvieron dirigidas contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas por el DIH.
Un 33 % se relacionó con la conducción de las hostilidades, particularmente con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar precauciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil de los efectos de los ataques. El 23 % restante abarcó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su bienestar y el acceso a servicios esenciales.
Estas cifras, a pesar de reflejar únicamente los casos documentados directamente por el CICR, evidencian los graves retos que enfrenta el país para garantizar la protección de quienes no participan en las hostilidades. El CICR expresó su profunda preocupación ante esta falta de respeto al DIH y recordó que las partes en conflicto tienen la responsabilidad inexcusable de salvaguardar a la población civil.
“No se trata de un gesto de buena voluntad. Es una obligación que debe cumplirse de manera urgente y sin excepciones”, subrayó Hamilton. “El respeto del derecho internacional humanitario es fundamental para evitar que esta crisis siga profundizándose”.
Afectaciones humanitarias más críticas
El aumento de los enfrentamientos entre actores armados estatales y no estatales durante 2024 acentuó los desafíos en la conducción de las hostilidades, especialmente en lo relacionado con el respeto de los principios de precaución y distinción. En múltiples ocasiones la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado, lo que la expuso a las peores consecuencias de la confrontación armada. Así mismo, se reportaron daños a bienes civiles como resultado de los combates, y casos de ocupación de bienes civiles para fines militares o para la atención de heridos.
Por otra parte, en las áreas bajo el control de actores armados, la situación para la población civil se deterioró aún más. Ese deterioro se reflejó en un aumento de violaciones al DIH, como homicidios, amenazas, violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como confinamientos y una preocupante estigmatización de las comunidades.
Estas dinámicas cambiantes, sumadas al comportamiento cada vez más impredecible de los actores armados, profundizaron el deterioro de la situación humanitaria en varias regiones del país. Un ejemplo especialmente preocupante de esta realidad fue el incremento en el uso de artefactos explosivos.
El CICR registró 719 personas heridas o fallecidas por distintos tipos de artefactos explosivos.
Esta cifra representa un aumento del 89 % respecto a lo registrado en 2023. Entre los datos más preocupantes, destaca que el 67 % de las personas afectadas corresponde a civiles.
El confinamiento de comunidades también se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88.874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior. La restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos.
El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales.
El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior.
Los actos violentos contra la asistencia de salud también aumentaron de manera preocupante.
Según la Mesa Nacional de Misión Médica, se reportaron 201 eventos relacionados con los conflictos armados, lo que representa un incremento del 44 % respecto a 2023.
El CICR continúa observando con gran preocupación el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados, particularmente a través de su reclutamiento, uso y utilización. A pesar del subregistro de estos casos, los equipos del CICR en los territorios observaron un evidente incremento de este fenómeno, que afecta de manera irreparable el tejido social de las comunidades.
“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad los expone a graves riesgos, como violencia sexual, heridas o la muerte en combate. Ningún niño, niña o adolescente debería ser involucrado en la guerra”, señaló Hamilton.
La violencia sexual continúa siendo una práctica utilizada por los actores armados para infundir miedo y ejercer control sobre las comunidades. A pesar de su gravedad, suele permanecer oculta debido al temor de las víctimas a reportar los hechos, la estigmatización que enfrentan y las barreras para acceder a atención y protección.
Estas violaciones del DIH, así como las graves consecuencias humanitarias que se derivan de ellas, evidencian que la falta de respeto a estas normas sigue condicionando de manera inadmisible la vida, la seguridad y la dignidad de la población civil en Colombia.
Las comunidades han demostrado una resiliencia admirable, pero su capacidad para resistir no puede depender solo de su fortaleza. También requiere un compromiso real y sostenido de las partes en conflicto que deben actuar de inmediato para respetar el DIH, garantizar el acceso humanitario y proteger a la población civil.
Las consecuencias humanitarias se profundizaron en el nororiente colombiano El CICR, a través de sus oficinas en Bucaramanga, Cúcuta y Saravena, desarrolla su labor humanitaria en los departamentos de Arauca, Bolívar y Norte de Santander, zonas donde se han intensificado diversas consecuencias humanitarias, entre ellas el confinamiento de las
comunidades, las afectaciones por artefactos explosivos y las desapariciones.
En 2024, el confinamiento de comunidades en Arauca aumentó un 148 % en comparación con 2023 según cifras de la UARIV. Este año, 7.094 personas fueron afectadas por esta problemática. La restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos. Además, Arauca sigue siendo el departamento con el mayor número de casos de desaparición documentados por el CICR en el marco de los conflictos armados, con un total de 67 casos registrados.
En Bolívar, la población afectada por confinamiento aumentó en un 560 %, pasando de 995 personas confinadas en 2023 a 6.561 en 2024. La afectación por artefactos explosivos se intensificó de manera considerable. Ese año, el CICR registró 53 personas heridas o fallecidas por estos artefactos, lo que representa un incremento del 489 % en comparación con las 9 personas registradas en el año anterior.
En Norte de Santander, si bien el número de personas heridas y fallecidas por artefactos explosivos disminuyó, la problemática siguió teniendo un impacto significativo en las comunidades. No solo alcanzó a quienes fueron víctimas directas de estos artefactos, sino que también restringió la movilidad, dificultó el acceso a servicios básicos y generó un ambiente de temor que alteró profundamente la vida cotidiana de la población. Además, Norte de Santander fue el quinto departamento del país con más casos documentados de desaparición en el contexto de los conflictos armados.
“En Arauca, Bolívar y Norte de Santander observamos con preocupación las graves consecuencias humanitarias que enfrentan las comunidades. Brindar asistencia humanitaria en estas zonas representa un desafío permanente, ya que en algunos casos las dificultades de acceso a ciertos territorios limitan la cercanía con las personas que más lo necesitan y restringen nuestra capacidad de apoyarlas de manera oportuna. Por ello es fundamental que las partes en conflicto respeten y garanticen un acceso seguro, rápido y sin restricciones al CICR, para que podamos cumplir con nuestra labor humanitaria en favor de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”
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