Si los mineros del sur de Bolívar, No se unen en la legalidad, están destinado a desaparecer.

Siempre que se tocan los intereses individuales de los mineros del sur de Bolívar, explotan en ira y señalan al Estado de culpable de su ignorancia frente al uso adecuado de los elementos para la exploración aurífera, el respeto y conservación de la naturaleza.

Si los mineros que explotan el oro en las estribaciones de la serranía de San Lucas, en el sur del departamento de Bolívar NO se unen en la legalidad, están destinados a desaparecer y cederle a la fuerza los derechos al gobierno nacional o a las multinacionales que están ambiciosas de dominar el comercio de la explotación del metal preciado.

Desde hace muchos tiempo la codicia del oro a dejado disputas, desplazados, presos, muertos y amenazas, todo bajo el hampa que rodea lo más oscuro de la delincuencia; pero nunca se ha pensado que es necesario estar al lado de la legalidad para servirle al desarrollo a la región y a las comunidades más humildes. Detrás de la minería ilegal, crecen los grupos armados de izquierda y derecha, como de hombres que han vivido de lo ilícito y la mafia.

Se ha pensado que es necesario fortalecer las empresas legales criollas que existan en la zona y que no solo entreguen los recursos para el desarrollo sociopolítico de los pueblos, sino no que paguen impuestos e inviertan en la recuperación de la selva y respeten el agua para no contaminar los ríos, donde depende la gran mayoría de los habitantes.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la última visita al sur de Bolívar advirtió que no permitirá que la minería ilegal siga contaminando los ríos del país y aseguró que las autoridades actuarán de manera contundente; igual política tomara el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.

“No podemos permitir que la ilegalidad contamine nuestros ríos y nuestras aguas (…). En eso tenemos que ser fuertes y contundentes”, aseguró Santos. Uno de los problemas que afrontará el nuevo presidente Duque Márquez.

Ahora la preocupación de los residentes es sin duda alguna la entrada de muchas retroexcavadoras que son la base del daño ambiental y todas entran a la luz de las autoridades y por Santa Rosa del sur, con destino a la las minas; desde que estos aparatos aparecen en el panorama de la explotación aurífera, los ríos del sur de Bolívar como: Inanea, Boque, La quebrada de Arenal, El Tigüí, el río Caribona y otras fuentes de agua que han dejado su estado natural y se han convertido en lodazales de agua achocolatada, mesclada con mercurio y cianuro desactivado.
Una muestra de la radiografía del problema de las minas que extraen el mineral con retroexcavadoras, han generado protestas como la que vivió San Martín de Loba, Bolívar, cuando un grupo de vecinos se enfrentó a la Policía que incautó parte de la maquinaria que usaban en esa localidad los mineros ilegales, mostró que los dueños de las retro manipulan a la población más pobre, igual lio se presentó en Animasbaja y Alta, igual que en Minagato.
Con esas máquinas los mineros “están vertiendo cianuro y mercurio en los ríos, un grupo de personas, animadas por bandas criminales, se fueron en contra de la Policía”, agregó Santos.
“Divide y reinaras” sino se deja atrás la codicia, el odio, la guerra y las amenazas serán otros los que disfruten de las riquezas de las serranías de San Lucas, que han sido explotadas desde la época de la colonia por extranjeros; recordamos los escritos de Leoncio Bastida cuando narraba “cuadrillas de esclavos caminaban en caravana hacia Guamocó, era la mano de obra de la corona española para llevarse el oro de nuestra tierra”
Entrevistaremos en un trabajo especial a los mineros más importantes del sur de Bolívar, lo que esperan de la nueva era de Iván Duque, como presidente de Colombia y cuál sería el futuro de la minería en el sur de Bolívar; donde hombres de la región sean los beneficiados de la explotación aurífera y se refleje en las necesidades básicas de los municipios, a través de las regalías.

Mientras todos los mineros de las serranías pelean el ponqué, el Gobierno de Colombia ha destinado una brigada del Ejército y una unidad de la Policía a la lucha contra la minería ilegal.

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